Relatoría
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Providencias publicadas
El expediente acredita la existencia de una unidad doméstica relevante para el artículo 229 del Código Penal. Quedó probado que la víctima y el agresor mantuvieron una convivencia real y material bajo el mismo techo, ligada a su historia de pareja y a sus dos hijos en común, espacio en el cual se desarrollaron dinámicas de control, sumisión y agresión. El argumento defensivo según el cual la cohabitación obedecía solo a razones económicas o que ya no compartían lecho carece de la fuerza para desvirtuar la tipicidad, pues la ley protege la seguridad y dignidad de quienes comparten el espacio residencial, condiciones que el procesado vulneró gravemente.
El Tribunal concluyó que las pruebas demostraron que la violencia ejercida estuvo orientada a someter a la víctima para consumar un acceso carnal violento, mas no a causarle la muerte. Aunque se acreditaron maniobras de asfixia y agresiones físicas, no se probó más allá de toda duda razonable el dolo requerido para configurar el feminicidio en grado de tentativa. Por ello revocó la condena, absolvió al procesado por ese delito y ordenó compulsar copias para que se continúe la investigación por acceso carnal violento.
El Tribunal revocó el auto que negó la preclusión y decretó la terminación de la actuación penal. Consideró aplicable, por favorabilidad, el artículo 42 de la Ley 633 de 2000, al tratarse de obligaciones tributarias del año 2012. La defensa acreditó que el procesado era único socio y representante legal de la sociedad, su admisión al proceso de reorganización y la inclusión de las acreencias fiscales investigadas. La permanencia de saldos pendientes no impedía configurar la imposibilidad jurídica de continuar con la acción penal.
El Tribunal concluyó que el Juzgado Primero de Familia cumplió oportunamente con la remisión de los oficios y documentos necesarios para registrar la sentencia de divorcio, por lo que no incurrió en vulneración alguna. Sin embargo, constató que la Notaría Cuarta de Cali y la Registraduría Municipal de Toro no demostraron el cumplimiento efectivo de las inscripciones ordenadas, afectando el derecho de acceso a la justicia del accionante. En consecuencia, concedió el amparo y ordenó efectuar las anotaciones correspondientes en los registros civiles de nacimiento y matrimonio.
El Tribunal Superior de Cali concluyó que no existió vulneración al debido proceso dentro del incidente de reparación integral. Revocó parcialmente la decisión de primera instancia al encontrar acreditados perjuicios materiales por concepto de impuestos prediales y mejoras realizadas en el inmueble objeto del fraude, por valor de $69.978.352. Confirmó la negativa de reconocer perjuicios morales por falta de prueba y mantuvo la desvinculación de los terceros civilmente responsables, al no acreditarse los presupuestos legales para extenderles la obligación indemnizatoria.
Determinar: i) si los documentos aportados al juicio por los investigadores de policía judicial fueron legalmente incorporados, si estos podían actuar como testigos de acreditación respecto de la información suministrada por las empresas de telefonía y giros y, en consecuencia, si dichos documentos podían ser valorados; y ii) si la prueba practicada en juicio era suficiente para proferir sentencia condenatoria por el delito de tráfico de migrantes.
Al coexistir una explicación alternativa razonable que no fue desvirtuada por la Fiscalía, la duda sobre la concurrencia del elemento cognoscitivo y del poder de disposición inherentes al verbo rector "tener" debe resolverse en favor del procesado, conforme a los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo.
La claridad exigida en la formulación de imputación tiene como finalidad asegurar que el procesado conozca los hechos jurídicamente relevantes y la calificación jurídica atribuida, sin que sea exigible anticipar la valoración probatoria propia del juicio.
El Tribunal confirmó la sentencia que declaró terminado el contrato de leasing habitacional y ordenó restituir el inmueble. Consideró válida la notificación electrónica del auto admisorio, pues fue remitida al correo utilizado por la demandada, quien no acreditó falta de recepción ni solicitó oportunamente la nulidad. La contestación presentada el 30 de abril de 2025 fue extemporánea frente al envío efectuado el 10 de marzo de 2025. Además, la eventual irregularidad quedó saneada porque no fue alegada oportunamente. En consecuencia, se confirmó el fallo y se condenó en costas a la demandada.
