Relatoría
Consulte las providencias emitidas por las salas del tribunal, con acceso directo al contenido completo y archivo original.
142
Providencias publicadas
El Tribunal concluyó que el demandante sí acreditó su calidad de tenedor legítimo del pagaré mediante la cadena de endosos y cesiones del crédito. Sin embargo, determinó que la acción ejercida era de naturaleza cambiaria y que se encontraba prescrita. Señaló que el inicio del término prescriptivo no depende de la reestructuración del crédito, pues esta puede realizarse unilateralmente por el acreedor. Al haber finalizado el proceso ejecutivo el 26 de septiembre de 2018, desde esa fecha comenzó nuevamente el término de tres años de prescripción, cumplido antes de la presentación de la demanda en 2023.
El Tribunal concluyó que Martha Lucía Escudero Baena no acreditó sumariamente los elementos constitutivos de la posesión exigidos para oponerse al secuestro del inmueble. Consideró insuficiente la sola existencia de una demanda de pertenencia y advirtió que la opositora reconoció que el predio continuaba inscrito a nombre del ejecutado, lo que desvirtúa el animus domini. Además, no aportó documentos ni otras pruebas que demostraran actos posesorios concretos. Por ello, revocó la decisión que admitió la oposición y ordenó continuar con el secuestro definitivo del bien.
El Tribunal concluyó que el Banco BBVA no era responsable por los daños reclamados porque había transferido la tenencia y guarda material del vehículo mediante contrato de leasing. Asimismo, determinó que, aunque existió contacto entre la ambulancia y el motociclista, la causa determinante del accidente fue la caída de guaduas sobre la vía, sumada a la lluvia intensa, la oscuridad y la ausencia de iluminación artificial. Estas circunstancias constituyeron fuerza mayor y rompieron el nexo causal, excluyendo la responsabilidad civil del conductor de la ambulancia.
Considera la Sala que el MoU no puede ser calificado como un contrato de promesa de disolución y liquidación de sociedad conyugal, por cuanto la obligación principal ahí pactada no fue la de celebrar un negocio jurídico futuro. Aunque en la cláusula 23, los contratantes acordaron comparecer a la notaría para otorgar el instrumento público mediante el cual se disolvería y liquidaría su sociedad conyugal y cancelarían la propiedad fiduciaria que pesaba sobre el inmueble El Líbano, lo cierto es que dicha obligación era instrumental y de ejecución, pero no el objeto central del acuerdo. En otros términos, la función jurídico económica del MoU no se agotaba con la suscripción de la escritura pública, pues aquella era solamente una más de las obligaciones a las que se comprometieron las partes.
Revisado con detenimiento el expediente digital allegado para su inspección (Rad. No.76001-40-03-028-2025 00293-00), se tiene que, por auto del 8 de mayo de 2025, el estrado accionado resolvió, entre otros, “2- declarar el decomiso del vehículo de placas VCX 935 como ilegal por no haberse librado ni comunicado el oficio correspondiente y también debido a la ausencia de autorización del parqueadero J&L SEDE 3 para acceder a mantener en esas dependencias al automotor”, y, en consecuencia, “3- Orden[ó] al parqueadero J&L fase 3, a través de su representante legal o a quien haga sus veces que proceda a efectuar la entrega del automotor al acreedor o la persona autorizada por este, incluido el deudor, señor JHON MARIO CHAVARRO GUAPACHA, de manera inmediata a la solicitud que formule, sin exigir suma alguna de dineros por parqueadero, grúa u otros conceptos, en virtud de la retención contraria a derecho. Para materializar dicha entrega se dispone que la Policía Nacional preste la colaboración necesaria”. Adicionalmente, ordenó “5- Oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que inicié las investigaciones de su competencia, en virtud de la inmovilización irregular de la camioneta de placas VCX -935 por no haberse librado oficio alguno en tal sentido, ni comunicado a las autoridades policivas y/o de tránsito, así como las infracciones penales a que haya lugar por parte del parqueadero J&L fase 3, al recibir e inventariar el vehículo decomisado, sin estar autorizado para hacerlo e igualmente al cobrar sumas de dinero por parqueadero, grúa y otros conceptos para su entrega”
El Tribunal confirmó la responsabilidad del conductor del taxi al acreditarse que omitió la señal de “PARE”, descartando cualquier concurrencia de culpas por falta de prueba. Reconoció la procedencia del lucro cesante con base en la pérdida de capacidad laboral y actualizó su liquidación usando el salario mínimo vigente y parámetros actuariales adecuados. Confirmó los perjuicios morales por presunción y prueba complementaria, negó el daño a la salud por falta de acreditación, y reconoció el daño a la vida de relación por las limitaciones funcionales y su impacto en la vida cotidiana. Asimismo, ordenó actualizar el valor asegurado y precisó el momento de causación de intereses moratorios.
Definidas así las características del gravamen objeto de litigio, como una servidumbre positiva, discontinua, inaparente y voluntaria constituida mediante título, es que esta Sala disiente de la conclusión del Juez, pues como se indicó antes, el aludido título reúne los requisitos y formalidades necesarios para que sea válido y existente al haber sido constituido mediante instrumento público suscrito por quienes estaban facultados para ello y contaban con capacidad, consentimiento exento de vicio -error, fuerza, dolo-, objeto y causa lícitos, y porque dicho título que fue debidamente registrado en los folios de MM. II. que corresponden a los predios sirvientes.
La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso.
Revisadas las probanzas arribadas en el presente trámite, se establece que, aunque el trámite de marras culminó con la sentencia dictada el 10 de marzo de 2009 –la cual se encuentra ejecutoriada -, y pese a que la normatividad procesal civil vigente impide que el juez modifique su propia sentencia, lo cierto es que en el fallo se cometió un yerro por omisión al no especificar cuál es el área por prescribir. Y lo anterior es así, aunque la demandante – acá accionante – no pidió en la demanda – como de manera errada lo afirmó en este trámite-, que lo pretendido era el área de 76 m2, en la demanda sí especificó que “[e]l inmueble se encuentra ubicado sobre la Calle 40A de Cali y se distingue con el Nro. 50-38; sus linderos Especiales son: NORTE, con predio que es o fue de ALBERTO MARROQUIN; SUR, con la vía pública calle 40A; ORIENTE, con predio que es o fue de ALBERTO MARROQUIN; distinguido en la puerta de ingreso con el Nro. 50-34 de la calle 40A; OCCIDENTE, pasaje peatonal. El predio en posesión hace parte del globo de mayor extensión, conocido como el LIMONAR después VIARCO (hoy barrio Brisas del Limonar MARROQUIN), cuyos linderos generales son: NORTE, con vía pública en 23.60 metros; Sur, con lote que es o fue del Dr. FRANCISCO CHÁVEZ C. en extensión de 227.90 mts aproximadamente; ORIENTE, en una extensión de 320 mts con canal CVC; OCCIDENTE, con zona del ferrocarril del pacifico Vía Cali-Popayán en extensión de 32.017 mts; se distinguió en predial con el Nro. H-910-001 con un área aproximada de 34.500 mts2 según la Escritura Nro. 871 de Marzo 03 de 1.981 Notaría Segunda de Cali, título de propiedad”, y además, solicitó “la apertura de un nuevo folio de matrícula para el inmueble adquirido por prescripción […]”.
