Relatoría
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Providencias publicadas
El Tribunal concluyó que el accidente de tránsito fue consecuencia concurrente de la conducta del motociclista, quien realizó una maniobra imprudente de cambio de carril, y del conductor de la miniván, quien circulaba a una velocidad superior a la permitida. Confirmó la distribución de responsabilidad en un 50% para cada conductor. Mantuvo el reconocimiento de perjuicios a la compañera permanente e hijos de la víctima fallecida, pero revocó el daño a la vida de relación reconocido a la madre y hermanos por falta de prueba. Además, limitó la responsabilidad de la aseguradora al monto asegurado actualizado.
El Tribunal concluyó que no existía certeza suficiente para considerar imprescriptible el bien objeto del proceso de pertenencia. Señaló que las afectaciones ambientales informadas por las autoridades no convierten automáticamente el inmueble en bien de uso público o imprescriptible y que era necesario profundizar en la naturaleza jurídica del predio, su tradición y la eventual titularidad pública alegada por el Distrito de Cali. Por ello revocó la terminación anticipada decretada en primera instancia y ordenó continuar el trámite para recaudar y valorar integralmente las pruebas pertinentes.
Los documentos materia de recaudo no reúnen los requisitos especiales del título valor toda vez que, la falta de prueba sobre el recibido de las facturas electrónicas, como también del recibido del servicio impide que se pueda predicar que respecto de ellas operó la aceptación tácita invocada en la demanda, lo cual impacta indudablemente en el presupuesto de exigibilidad que impide también tenerlas como título ejecutivo, con lo cual desaparece la posibilidad de hacerlas exigibles, al menos en el escenario del proceso de ejecución.
No prueba el demandado el aporte de recursos propios para la realización de las mejoras que menciona en la contestación de la demanda las cuales, conforme con la prueba arrimada al plenario, más bien apunta a que fueron realizadas con los aportes de la comunidad que se congrega en la iglesia que funciona en los bienes objeto de este proceso, lo cual es de frecuente ocurrencia en este tipo de comunidades, al punto que en los mismos anexos de la contestación de la demanda fueron aportados “PARTE DE RECIBOS DE OFRENDAS A PERSONAS QUE COLABORARON VOLUNTARIAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PREDIOS”20, lo que reafirma el carácter comunitario de este tipo de obras, razones éstas suficientes para negar el reconocimiento de los dineros y mejoras solicitados por el demandado JOSÉ ALBEIRO RESTREPO QUINTERO.
El Tribunal concluyó que sí se acreditó la interversión del título y la posesión exclusiva del antecesor, así como la continuidad posesoria con el demandante. Determinó que la suma de posesiones permitió cumplir el término legal exigido para la prescripción extraordinaria. En consecuencia, revocó la decisión de primera instancia y declaró la pertenencia del inmueble a favor del demandante, reconociendo la adquisición del dominio por usucapión.
El Tribunal concluyó que no existía reticencia del asegurado, pero sí operó la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro. Determinó que el demandante conocía o debía conocer su enfermedad desde 2020, por lo que el término de dos años transcurrió antes de presentar la reclamación en 2023. En consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que había reconocido la indemnización y negó las pretensiones, condenando en costas al demandante.
El Tribunal concluyó que el término de prescripción aplicable a reclamaciones del SOAT es el previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio. Determinó que la mayoría de las facturas estaban prescritas, salvo algunas respecto de las cuales se acreditó el título ejecutivo y pagos parciales. Por ello modificó la sentencia para limitar la ejecución únicamente a tres facturas con saldo pendiente, confirmando en lo demás la decisión y condenando en costas a la parte demandante.
Cuando en la producción del daño participan de manera simultánea agente y lesionado, circunstancia que no quiebra el nexo causal, indiscutiblemente conduce a una disminución proporcional de la condena resarcitoria
Contrario a lo considerado por el juez A-quo, los documentos aportados por la parte ejecutante sí son susceptibles de tacha de falsedad si en cuenta se tiene que, aquellos cuentan con un signo de individualidad como lo son las direcciones electrónicas anis [email protected] y [email protected], sin que pueda entenderse de manera categórica y absoluta que en estos casos ello solo lo constituye la firma electrónica regulada por la Ley 527/99 y el Decreto 2634 de 2012, sobre todo cuando lo que se está tachando de falsos son los pantallazos que de esos mensajes de datos fueron arrimados al plenario. En este sentido, aportadas al proceso las capturas de pantalla de unos mensajes de datos, que no son otra cosa que fotografías de aquellos, debe dárseles el tratamiento que disponen los artículos 244 y 247 del CGP, esto es, conforme a las reglas generales de los documentos de ahí que, se reitera, sí sea procedente dar trámite a la tacha de falsedad propuesta por la parte ejecutante como finalmente pareció entenderlo el juez de primera instancia, al contener aquellos un rastro de autoría como lo son las direcciones de correos electrónicos que se atribuyen a la aquí ejecutada, para lo cual debe tenerse en cuenta lo que se cuestiona en la tacha es la integridad de esa prueba documental que, en últimas, termina comprometiendo su autenticidad.
