Relatoría
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Providencias publicadas
Se configura un defecto fáctico por omisión en la valoración probatoria cuando el juez deja de examinar de manera individual y conjunta las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, lo cual impide verificar la construcción de la premisa fáctica que sustenta la decisión.
La Sala considera que se configura la culpa patronal cuando el empleador, frente a una actividad peligrosa, omite verificar el cumplimiento de los requisitos legales para su ejecución, no acredita la capacitación ni certificación del trabajador, y no identifica ni gestiona adecuadamente los riesgos inherentes a la labor, omisiones que guardan relación causal directa con el daño producido.
La viabilidad de cualquier decisión que afecte derechos fundamentales como la estabilidad reforzada del fuero sindical debe edificarse sobre la base del éxito de la pretensión declarativa de existencia de la causa legal invocada.
La sala considera que comprobada la agresión y grave indisciplina del trabajador contra un compañero durante la jornada, y verificado que la empleadora adelantó el procedimiento disciplinario previsto en el RIT (cargos, traslado de pruebas –incluido video y testimonios–, y descargos) y motivó la decisión, la conducta objeto de reproche satisface la justa causa del art. 62 CST (numeral 2) y constituye violación grave de obligaciones del art. 58 CST, por lo que revoca la condena por despido injusto y niega la reliquidación de prestaciones sociales, al acreditar que los rubros discutidos eran no salariales conforme al art. 128 CST. No se probó fuero por su condición de padre cabeza de familia bajo los estándares constitucionales; en consecuencia, no procede el reintegro.
los únicos beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías consagrado en el artículo 36 de la Convención Colectiva de Trabajo 2011-2014 son los trabajadores vinculados a EMCALI con anterioridad al 1.º de enero de 2004. Tal conclusión se deriva del análisis integral y sistemático de los artículos 36 y 67, junto con el anexo 2, en los que se refleja de manera inequívoca la voluntad de las partes negociadoras
La Sala confirmará parcialmente la decisión del a quo, únicamente en lo atinente a que la causación de la prestación tiene lugar con la redención del bono pensional. Sin embargo, no resultaba jurídicamente viable que el despacho de primera instancia fijara el monto de la mesada, puesto que no existió una solicitud formal de reconocimiento acompañada de la elección de la modalidad pensional, ni la demandante aportó la información complementaria necesaria para dicho cálculo. En este sentido, se reitera que las reglas propias del Régimen de Prima Media no son trasladables al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad para efectos de la causación y disfrute de la pensión. En este último, el cumplimiento de la edad y semanas cotizadas no genera por sí mismo el derecho automático, sino que se requiere una manifestación expresa de voluntad del afiliado para acceder a la prestación en alguna de las modalidades previstas. Por lo mismo, no son procedentes los intereses moratorios en el presente asunto, dado que la falta de solicitud formal de reconocimiento impide: (i) establecer la modalidad pensional escogida por Lida María Ospina Giraldo, y (ii) determinar la fecha a partir de la cual la administradora habría incurrido en mora.
La desvinculación de un servidor en provisionalidad que acredita condición de prepensionado, sin adoptar medidas afirmativas, vulnera el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Las entidades deben garantizar que estos servidores sean los últimos en ser retirados y, de ser posible, reubicarlos en cargos vacantes equivalentes en provisionalidad, armonizando el principio de mérito con la protección constitucional prevista en el artículo 13 Superior.
La Sala concluye que existió culpa patronal por parte de Urban Zoom S.A.S. en el accidente de trabajo sufrido por la demandante, en razón a la omisión de los deberes de prevención y cuidado que le correspondían como empleador. Esta omisión se evidencia en la falta de implementación de una política de seguridad y salud en el trabajo, la ausencia de adecuados elementos de protección personal, la carencia de capacitación formal y la falta de protocolos de atención en caso de accidentes. La Sala considera probados los elementos de la responsabilidad civil extracontractual (hecho, daño y nexo causal), conforme lo dispuesto en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, y aplica la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que exige al empleador probar el cumplimiento de sus deberes de prevención cuando el trabajador aduce omisiones patronales.
Nos encontramos frente a un aparente conflicto de competencia negativo, en el cual los juzgados de familia podrían actuar eventualmente como superiores funcionales de los juzgados civiles municipales cuando estos conocen asuntos de familia. Lo anterior, conforme lo indica el artículo 34 del Código General del Proceso, en armonía con el inciso tercero del artículo 139 del mismo cuerpo normativo, de donde se desprende que el juez que recibe un expediente remitido por su superior funcional no puede declararse incompetente. En consecuencia, el Juzgado Promiscuo Municipal de Dagua no podría promover un conflicto de competencia frente al Juzgado Séptimo de Familia de Cali, al tratarse este último de su superior funcional. No obstante, y si en gracia de discusión la Sala aceptara la existencia de un conflicto negativo, se le asignaría competencia necesariamente al Juzgado Promiscuo Municipal de Dagua, teniendo en cuenta que el numeral 4° del artículo 18 del CGP que, los jueces civiles municipales conocerán en primera instancia “De los procesos de sucesión de menor cuantía, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios”. A su turno, el numeral 9° de artículo 22 ibidem dispone que, los jueces de familia conocerán “De los procesos de sucesión de mayor cuantía, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios”.
