Relatoría
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Providencias publicadas
En primer término, es preciso señalar que no existe controversia respecto de los siguientes hechos relevantes: (i) el demandante nació el 30 de mayo de 1955; (ii) mediante Resolución SUB 126163 del 14 de julio de 2017, Colpensiones le reconoció a Carlos Arturo Pamplona Avella una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por valor de $63.954.381; (iii) el 5 de junio de 2020 el demandante presentó reclamación administrativa solicitando la reliquidación de dicha prestación; (iv) dicha solicitud fue resuelta mediante Resolución SUB 129650 del 17 de junio de 2020, en la que se ordenó reliquidar la indemnización con base en 777 semanas cotizadas y se determinó una diferencia a pagar de $277.581; y (v) conforme a la historia laboral actualizada al 30 de junio de 2022, el actor cotizó un total de 782,57 semanas.
Al analizar los motivos que fundaron la decisión del juez de primer grado, advierte la Sala que le asiste razón al recurrente al afirmar que Seguros Alfa S.A. no corresponde a ninguna de las entidades mencionadas en el art. 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
La postura sustentada en la presente providencia ha sido recientemente recogida por la Sala de Casación Laboral, bajo una nueva interpretación efectuada en sentencia SL2234-2025, a través de la cual recoge la tesis defendida en sentencia CSJ SL1437-2021 y fija una nueva intelección de la norma convencional aduciendo que el pensionado de Emcali EICE ESP no tiene derecho al pago de las primas extralegales contenidas en los artículos 71, 72 y 74, toda vez que estas prestaciones no son susceptibles de cobijar a los jubilados según la condición establecida en el artículo 115 de la convención colectiva, por cuanto estas se liquidan sobre el Salario base, el cual no devenga un pensionado; además se causan por servicios prestados, lo cual no se predica de los jubilados y, porque en los arts 71, 72 y 74 se prevé expresamente que las prestaciones son a favor de trabajadores.
En el caso concreto, se advierte que, Porvenir S.A. solicita la vinculación como llamado en garantía a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y expone como fuente de la obligación el artículo 13 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, del artículo citado, no se desprende la obligación que pretende hacer valor la recurrente, pues en ningún literal se establece la responsabilidad de Colpensiones de asumir eventualmente las consecuencias pecuniarias por los resultados adversas del fallo
La empresa pagaba el salario de acuerdo a la “boleta de despacho” en la cual se registraba las rutas realizadas por el actor en el día, que por día despachaban 4 o 5 rutas y se estimaba que la duración de cada ruta o vuelta era de dos (2) horas, entonces si hacia 4 vueltas le pagaban 8 horas y si hacia 5 vueltas le pagaban dos (2) horas adicionales. De este modo, al trabajador le pagaban conforme a las boletas de despacho y no según la jornada laboral establecida, evadiendo lo pactado por las partes en los contratos laborales suscritos y pagando salarios inferiores al mínimo, sin justificación, si los conductores no cumplían con las 4 vueltas en el día.
En principio puede señalarse que de los artículos 118 y 144 del CPTSS emana que la acción de reintegro por presunta vulneración del fuero sindical debe tramitarse mediante un procedimiento especial; mientras que las declarativas y condenatorias para beneficiarse de las prestaciones de una Convención Colectiva siguen la regla general del procedimiento ordinario. Sin embargo, jurisprudencialmente se ha decantado que cuando estas se hallen indefectiblemente ligadas, al punto que no sea posible resolver sobre las eventuales consecuencias de la protección foral sin elucidar las atenientes a cuáles son los salarios y prestaciones que deben restituirse al trabajador, resulta viable su acumulación en el proceso especial.
Respecto a la forma de vinculación laboral mediante contratos de aprendizaje, se tiene que la vinculación laboral no es motivo de objeción o negación en el pago de las incapacidades, toda vez que, a pesar de que las afiliadas no tienen un contrato laboral, el sistema de seguridad social en salud se activa con la afiliación al sistema y una vez afiliado al mismo, es beneficiario de las prestaciones que se desprendan del mismo, siempre y cuando reúna los requisitos dispuestos para su reconocimiento
La legitimidad para presentar esta acción está en cabeza de un tercero que no es parte dentro del proceso, pues expresamente dispone que la intervención excluyente implica la formulación de una demanda contra el demandante y el demandado. La intervención excluyente debe ser ejercida por un tercero, que no es parte dentro del proceso pues llega a desplazar a las demás, además se debe disputar en todo en parte el derecho controvertido. En el presente caso, el demandante, Carlos Alberto Torres, presentó demanda ordinaria laboral contra O&G Construcciones S.A.S. y en solidaridad Gases de Occidente S.A. E.S.P con el fin de que se declare la existencia de un contrato laboral a término indefinido y, en consecuencia, le reconozcan y paguen las acreencias laborales deprecadas, mientras que, Gases de Occidente S.A. E.S.P que pretende la declaración de validez del contrato de prestación de servicios integrales suscrito con la convocada el 20 de diciembre de 2019, para que en caso de sentencia condenatoria en su contra O&G Construcciones S.A.S. la mantenga indemne conforme a la cláusula vigésima tercera y décimo segunda del contrato suscrito y, en subsidio, que se declare a la convocada responsable del pagos de todas las condenas impuestas.
No se acreditó alguno de los dos escenarios previstos en el acto administrativo que expidió la entidad demandante para justificar la supresión del cargo del actor y además no se invocó ni demostró la ocurrencia de una justa causa para el despido, no hay motivos válidos para autorizar el levantamiento del fuero sindical al demandado
