Relatoría
Consulte las providencias emitidas por las salas del tribunal, con acceso directo al contenido completo y archivo original.
165
Providencias publicadas
La accionante cuestionó la publicación de formularios E-14 de las elecciones presidenciales de 2026 por parte de la Registraduría, alegando que se eliminaron elementos de trazabilidad digital presentes en 2022, como identificadores de archivo, metadatos y mecanismos de verificación. Indicó que una auditoría forense técnica encontró diferencias sistémicas entre los archivos de 2022 y 2026. Solicitó restablecer dichos estándares para la segunda vuelta presidencial y futuros procesos electorales, así como ejercer control sobre su cumplimiento.
RESTITUYEN BIENES URBANOS POR DESPOJO JUDICIAL Y RECONOCEN PROTECCIÓN A ADQUIRENTES DE BUENA FE.
Adjudicación de inmuebles baldíos, incluido el concepto de Unidad Agrícola Familiar como extensión máxima a titular.
RESTITUYEN DERECHOS A FAMILIA DESPLAZADA Y ORDENAN ENTREGA DE PREDIO EQUIVALENTE TRAS DECLARAR NULA VENTA FORZADA.
ORDENAN PAGAR INDEMNIZACIÓN A MADRE DE VÍCTIMA FALLECIDA Y RECONOCEN DERECHO HERENCIAL TRANSMISIBLE.
¿Se encuentran acreditados los presupuestos axiológicos del derecho fundamental a la restitución de tierras en favor de los solicitantes, respecto del inmueble urbano ubicado en Villagarzón (Putumayo), y, de ser así, resulta procedente la restitución jurídica y material del predio, pese a la oposición formulada por el actual titular registral, así como el reconocimiento de compensación a su favor?
¿Vulneró la UARIV los derechos fundamentales de petición y debido proceso administrativo de la accionante al emitir una respuesta formal, pero no materialmente adecuada, a su solicitud de indemnización administrativa, omitiendo valorar integralmente su condición de discapacidad y extrema vulnerabilidad para efectos de priorización?
¿Vulneró el Comando y Jefatura del Estado Mayor de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional el derecho fundamental de petición del accionante al no remitir ni tramitar de fondo su solicitud de traslado por razones de salud y situación familiar especial, conforme a la normatividad y jurisprudencia aplicables?
No es legítimo negar un derecho penitenciario basándose en una omisión institucional. La Sala precisa que exigir el cumplimiento de requisitos no ofertados constituye una violación del debido proceso administrativo, en tanto se impone una carga imposible al interno. El acceso a los programas transversales es una obligación estatal derivada de la relación de especial sujeción y del Estado de Cosas Inconstitucional del sistema penitenciario. El factor subjetivo del tratamiento no puede ser utilizado como barrera cuando su cumplimiento depende del INPEC.
